LEY DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN N° 37. 944
24 de mayo, 2004
Venezeula
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Objeto
Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular todo lo relativo a la admisión, ingreso, permanencia,
registro, control e información, salida y reingreso de los extranjeros y extranjeras en el territorio
de la República, así como sus derechos y obligaciones, con la finalidad de facilitar la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y estrategias que en materia
migratoria dicte el Ejecutivo Nacional.
Lo dispuesto en esta Ley se aplicará sin perjuicio de los tratados suscritos y ratificados por la
República, los acuerdos de integración y las normas de Derecho Internacional.
Ámbito de aplicación
Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley se aplicarán a los extranjeros y extranjeras que se
encuentren en el territorio de la República, independientemente de su condición migratoria.
Definición de extranjero y extranjera
Artículo 3. A los efectos de esta Ley, se entiende por extranjero o extranjera toda persona que no
sea nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Exclusiones
Artículo 4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley, los representantes
diplomáticos y consulares, los miembros de las misiones diplomáticas y oficinas consulares,
representantes, delegados y, demás miembros de organismos internacionales y organizaciones
especializadas de las cuales sea parte la República y sus familiares, acreditados ante el Gobierno
Nacional.
Autoridad competente
Artículo 5. El Ejecutivo Nacional, por órgano del ministerio con atribuciones en el área de
extranjería y migración, será la autoridad migratoria nacional encargada de la admisión, ingreso,
permanencia, registro, salida y reingreso de los extranjeros y extranjeras.
Los ministerios con competencia en las áreas de relaciones exteriores, de la defensa y del trabajo,
coadyuvarán en la ejecución de los objetivos de esta Ley.
Categorías
Artículo 6. Los extranjeros y extranjeras, a los efectos del ingreso y permanencia en el territorio
de la República, podrán ser admitidos en las categorías de no migrante, migrante temporal y
migrante permanente, catalogados en la forma siguiente:
1. Serán considerados no migrantes, los que ingresen al territorio de la República con el
propósito de permanecer por un tiempo limitado de noventa (90) días, sin ánimo de fijar en él su
domicilio permanente ni el de su familia y, por lo tanto, no podrán ejercer actividades que
involucren remuneración o lucro. Transcurrido este lapso, podrá ser prorrogado hasta por noventa
(90) días más.
2. Serán considerados migrantes temporales, los que ingresen al territorio de la República con
el ánimo de residir en él temporalmente, mientras duren las actividades que dieron origen a su
admisión.
3. Serán considerados migrantes permanentes, los que tengan la autorización para permanecer
indefinidamente en el territorio de la República.
Los requisitos y el procedimiento referentes a la admisión, ingreso, permanencia, salida y
reingreso aplicable a cada una de las categorías, así como la determinación de las subcategorías,
serán establecidos en el Reglamento de esta Ley.
Los extranjeros y extranjeras que se encuentren en el territorio de la República con la condición
de refugiados o refugiadas y asilados o asiladas, se regirán por la ley que regule la materia.
TÍTULO II
DE LA ADMISIÓN, INGRESO Y SALIDA
DE LOS EXTRANJEROS Y EXTRANJERAS
Capítulo I
De la admisión
Requisitos de admisión
Artículo 7. Los extranjeros y extranjeras, a los fines de su admisión, ingreso, reingreso y
permanencia en el territorio de la República, deben estar provistos de un pasaporte válido y
vigente, con el respectivo visado u otro documento que autorice su ingreso o permanencia en el
territorio de la República, de conformidad con las normas de la materia o tratados internacionales
suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.
Inadmisibilidad
Artículo 8. No podrán ser admitidos en el territorio de la República, los extranjeros y las
extranjeras que se encuentren comprendidos en los siguientes supuestos:
1. Cuando su presencia pueda ser motivo de alteración del orden público interno o
comprometa las relaciones internacionales de la República, como consecuencia de ser requeridos
por autoridades extranjeras policiales o judiciales, en relación con causas penales comunes o que
estén vinculados con organizaciones delictivas nacionales e internacionales.
2. Cuando hayan sido expulsados del territorio de la República y permanezca vigente la
prohibición de entrada al país.
3. Cuando hayan cometido delito que la ley venezolana califique y castigue, mientras no
hubieren cumplido condena o hubiere prescrito la acción o pena en el país donde ésta se originó.
4. Cuando hayan incurrido en violaciones a los Derechos Humanos, Derecho Internacional
Humanitario o a las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales, en los cuales
sea parte la República.
5. Cuando estén relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o
realicen actividades conexas.
6. Cuando padezcan enfermedades infectocontagiosas u otras que comprometan la salud
pública.
Capítulo II
Del Ingreso y la Salida
Terminales para el ingreso
Artículo 9. El ingreso y salida de los extranjeros y extranjeras del territorio de la República, sólo
podrá efectuarse por los terminales legalmente habilitados a los efectos. En caso de emergencia o
necesidad comprobada, los lugares habilitados podrán ser cerrados al tránsito de personas en
forma temporal. El acto que contenga esta medida se dictará de conformidad con las normas
especiales sobre situaciones de excepción, y deberá estar debidamente motivado tanto en los
hechos como en el derecho en el cual se fundamenta.
Ingreso
Artículo 10. Los extranjeros y extranjeras deberán presentarse en el terminal de entrada, con el
respectivo pasaporte debidamente visado o con un documento que autorice su ingreso o
permanencia en el territorio de la República.
Ingreso de representantes religiosos y de culto
Artículo 11. El extranjero o extranjera representante de cualquier religión o culto que ingrese al
territorio de la República para ejercer actividades de carácter religioso u otras relacionadas con
éste, deberá obtener la respectiva autorización del Ejecutivo Nacional a través del órgano
competente, acreditando para ello su condición.
Del control en puertos, aeropuertos y zonas fronterizas
Artículo 12. Las autoridades competentes en materia de extranjería y migración que se
encuentren ubicadas en los puertos, aeropuertos y zonas fronterizas, impedirán el ingreso al
territorio de la República de todos aquellos extranjeros y extranjeras que no reúnan los requisitos
establecidos en esta Ley para su ingreso legal al país.
Quedan a salvo los convenios suscritos por la República que exoneren a los extranjeros o
extranjeras del cumplimiento de alguno de los requisitos para su ingreso, previstos en esta Ley.
TÍTULO II
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS EXTRANJEROS Y EXTRANJERASI
Derechos
Artículo 13. Los extranjeros y extranjeras que se encuentren en el territorio de la República,
tendrán los mismos derechos que los nacionales, sin más limitaciones que las establecidas en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.
Deberes
Artículo 14. Los extranjeros y extranjeras que se encuentren en el territorio de la República, sin
perjuicio de los deberes y obligaciones que le impone la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y las leyes, deberán:
1. Cumplir con los requisitos y las condiciones de identificación, permanencia y localización
en Venezuela, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.
2. Presentar ante las autoridades los documentos que los identifiquen, cuando le sean
requeridos. Dichos documentos, no podrán ser retenidos por las autoridades.
3. Inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros y Extranjeras del ministerio con
competencia en la materia, dentro de los treinta (30) días siguientes a su ingreso, de conformidad
con lo previsto en el Reglamento de esta Ley, cuando ingrese al territorio de la República como
migrante temporal o adquiera la categoría de migrante permanente.
4. Consignar ante la autoridad civil correspondiente al lugar de su domicilio, las actas
relativas al estado civil debidamente legalizadas o con la respectiva apostilla, tanto de ellos como
de su familia, y participar cualquier cambio de domicilio o residencia, cuando se trate de
extranjeros y extranjeras que se encuentren comprendidos en las categorías de migrantes
temporales y permanentes.
5. Mantener vigente el visado u otro documento que autorice su permanencia en el territorio
de la República.
6. Presentarse en el lapso fijado cuando sean citados por la autoridad competente.
Derecho a la tutela judicial efectiva
Artículo 15. Los extranjeros y extranjeras tienen derecho a la tutela judicial efectiva en todos los
actos que a éstos conciernan o se encuentren involucrados, con respecto a su condición de
extranjeros.
En los procedimientos administrativos que se establezcan en materia de extranjería, se respetarán,
en todo caso, las garantías previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
y las leyes, sobre el procedimiento administrativo, especialmente en lo relativo a la publicidad de
los actos, contradicción, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones.
Los actos y resoluciones administrativos adoptados en relación con los extranjeros y extranjeras
serán recurribles, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en la ley que regule los
procedimientos administrativos, en cuanto le sean aplicables.
Igualmente, la ejecución de los actos administrativos relacionados con la condición o situación
jurídica de los extranjeros y extranjeras, se realizará de conformidad con lo establecido, a tal
efecto, en esta Ley y por las disposiciones consagradas en la ley que regule los procedimientos
administrativos, en cuanto le sean aplicables.
TÍTULO IV
DE LAS AUTORIZACIONES
Autorización laboral
Artículo 16. Todas aquellas personas que en virtud de un contrato de trabajo deban ingresar al
territorio de la República, obtendrán la autorización laboral por parte del ministerio con
competencia en el área del trabajo. La tramitación para la obtención de la correspondiente
autorización deberá efectuarla el extranjero o extranjera, a través de su contratante en el territorio
de la República.
Excepciones a la autorización laboral
Artículo 17. Quedan exceptuados de la obligación de obtener la autorización laboral para el
ejercicio y las actividades que motivan su otorgamiento, los extranjeros y extranjeras
comprendidos en los siguientes supuestos:
1. Los científicos, profesionales, técnicos, expertos y personal especializado que vengan a
asesorar, dar entrenamiento o ejecutar labores de carácter temporal, por un lapso no mayor de
noventa (90) días.
2. Los técnicos y profesionales invitados por entes públicos o privados para cumplir con
labores académicas, científicas o de investigación, siempre que estas actividades no excedan el
lapso de noventa (90) días.
3. Los que ingresen al territorio de la República para desarrollar actividades amparadas en los
convenios de cooperación y asistencia técnica.
4. Los trabajadores de medios de comunicación de otros países debidamente acreditados para
el ejercicio de las actividades informativas.
5. Los miembros de misiones científicas internacionales, que realicen trabajos de
investigación en el territorio de la República autorizados por el Estado venezolano.
Procedimientos para la contratación de trabajadores extranjeros
Artículo 18. Los ministerios con competencia en materia agrícola, laboral y de la producción y el
comercio, dictarán mediante resolución conjunta, los procedimientos para la contratación de
trabajadores extranjeros y trabajadoras extranjeras de la agricultura, la pesca y la ganadería, en
áreas específicas y por tiempo necesario.
Contratación por empresas del Estado
Artículo 19. Los trabajadores extranjeros y trabajadoras extranjeras que aspiren a ser contratados
por empresas pertenecientes a los Poderes Públicos Nacional, Estadal y Municipal, deberán
obtener la correspondiente autorización laboral.
Duración del visado
Artículo 20. El visado que autorice la permanencia en el territorio de la República de los
extranjeros y extranjeras, tendrá la misma duración que la autorización laboral y será renovado
siempre que subsistan las mismas circunstancias que determinaron su otorgamiento.
TÍTULO V
DEL REGISTRO, CONTROL E INFORMACIÓN
DE EXTRANJEROS Y EXTRANJERAS
Registro Nacional de Extranjeros y Extranjeras
Artículo 21. Se crea el Registro Nacional de Extranjeros y Extranjeras, el cual será llevado por el
ministerio con competencia en materia de extranjería y migración. El Reglamento de esta Ley
determinará la estructura, organización y funciones de este Registro.
Cambio de estado civil de las personas extranjeras
Artículo 22. La autoridad civil ante la cual se realice el cambio de estado civil de un extranjero o
extranjera lo participará al Registro Nacional de Extranjeros y Extranjeras, dentro de los ocho (8)
días siguientes al acto, conforme conlo que al efecto establezca el Reglamento.
Participación de reclusión de personas extranjeras
Artículo 23. Los directores de centros penitenciarios remitirán trimestralmente al Registro
Nacional de Extranjeros y Extranjeras, una lista actualizada de las personas extranjeras que estén
recluidas por haber sido condenadas mediante sentencia definitivamente firme. Esta participación
se hará de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.
Deber de los empleadores de personas extranjeras
Artículo 24. Todo empleador de una persona extranjera deberá exigirle la presentación de los
documentos de identificación y notificar por escrito al Registro Nacional de Extranjeros y
Extranjeras los términos y condiciones de la relación laboral, así como la terminación de la
misma, dentro de un lapso de treinta (30) días siguientes al acto respectivo.
De conformidad con las disposiciones que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley, todo
empleador o contratista de trabajadores extranjeros o trabajadoras extranjeras deberá
comprometerse con la autoridad competente en materia de extranjería y migración, a pagar el
pasaje de regreso del extranjero o extranjera y de su familia, si fuera el caso, a su país de origen o
de última residencia, dentro del mes siguiente a la terminación del contrato.
Deber de los propietarios o administradores de hoteles, pensiones o sitios de hospedaje
Artículo 25. Los propietarios o administradores de hoteles, pensiones o sitios de hospedaje
llevarán un registro de los usuarios extranjeros con referencia expresa a la nacionalidad, el cual
enviarán cada ocho (8) días al Registro Nacional de Extranjeros y Extranjeras, sin perjuicio de lo
que se establezca en el reglamento respectivo.
Deber de los propietarios o administradores de empresas de transporte
Artículo 26. Los propietarios o administradores de las empresas de transporte de pasajeros y
turismo nacional o internacional llevarán un registro de los usuarios extranjeros, el cual remitirán
cada ocho (8) días al Registro Nacional de Extranjeros y Extranjeras, sin perjuicio de lo que se
establezca en el reglamento respectivo.
Estadísticas
Artículo 27. El ministerio con competencia en materia de extranjería y migración, en ejercicio de
sus funciones de control, mantendrá actualizadas las estadísticas sobre los extranjeros y
extranjeras que se encuentren en el territorio de la República, independientemente de su categoría
migratoria.
TÍTULO VI
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE MIGRACIÓN
Comisión Nacional de Migración
Artículo 28. Se crea la Comisión Nacional de Migración, la cual tendrá como objeto asesorar al
Ejecutivo Nacional en el cumplimiento de las funciones establecidas en esta Ley.
Integrantes
Artículo 29. La Comisión Nacional de Migración estará integrada por el ministro con
competencia en materia de extranjería y migración, quien la presidirá y por un (1) representante
de los ministerios con competencia en relaciones exteriores, defensa, educación, pesca,
agricultura, ganadería, producción, comercio y trabajo.
Secretario Ejecutivo
Artículo 30. La Comisión Nacional de Migración tendrá un (1) Secretario Ejecutivo, con derecho
a voz, que será designado por el ministro con competencia en materia de extranjería y migración.
Designación de comisiones
Artículo 31. El Presidente de la Comisión Nacional de Migración podrá designar comisiones de
trabajo, para lo cual contará con la colaboración de los ministerios, institutos autónomos y demás
órganos y entes públicos que, a juicio de la Comisión puedan ejecutar aportes significativos para
el cumplimiento de su objetivo.
gualmente, la Comisión Nacional de Migración podrá, cuando lo juzgue conveniente para lograr
mayor eficacia y eficiencia en el logro de sus objetivos, solicitar la asistencia o colaboración a
instituciones, tanto públicas como privadas a nivel nacional e internacional.
Atribuciones
Artículo 32. Corresponde a la Comisión Nacional de Migración:
1. Revisar el ordenamiento jurídico vinculado con la política migratoria y proponer al
Ejecutivo Nacional, las reformas y medidas necesarias para su actualización y modernización.
2. Realizar los estudios necesarios para identificar las mejores metodologías que permitan
hacer más eficaz y eficiente la aplicación de las normas contenidas en esta Ley y su Reglamento.
3. Elaborar informes y emitir dictámenes sobre legislación y políticas migratorias y hacer las
recomendaciones pertinentes, a fin de que el Ejecutivo Nacional dicte las medidas necesarias
sobre la materia.
4. Todas las demás funciones que le encomiende el Ejecutivo Nacional.
Gastos de funcionamiento
Artículo 33. Los gastos de funcionamiento de la Comisión Nacional de Migración serán
provistos con cargo al presupuesto del ministerio con competencia en materia de extranjería y
migración, sin perjuicio de los aportes que correspondan a otros órganos y entes oficiales en
razón de la naturaleza de las actividades que se desarrollen conforme a esta Ley.
TÍTULO VII
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Órgano competente para imponer sanciones
Artículo 34. La máxima autoridad del ministerio con competencia en materia de extranjería y
migración o el funcionario que él delegue, será el encargado de imponer las sanciones a las que se
contrae este Título, de conformidad con lo previsto en las leyes que regulan los actos y
procedimientos administrativos, y demás normas aplicables.
Artículo 35. En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley, el ministerio
con competencia en materia de extranjería y migración o el funcionario que él delegue, tendrá
potestad para dictar las medidas necesarias de amonestación, las multas previstas en el Capítulo I
de este Título o la deportación del territorio de la República, abriendo para ello una articulación
probatoria de setenta y dos (72) horas para determinar el tipo de sanción aplicable, de acuerdo a la
gravedad o reincidencia de la infracción cometida, en la forma que determine el reglamento
respectivo y sin perjuicio de la aplicación de las demás normas previstas en este Título.
La persona incursa en la medida dispondrá de un lapso de cinco (5) días hábiles para ejercer los
recursos, excepciones y defensas, conforme a la ley que regula los procedimientos
administrativos.
Capítulo I
De las Multas
Por incumplir los deberes previstos en la Ley
Artículo 36. La autoridad administrativa competente impondrá a los extranjeros y extranjeras en
los casos que se indican a continuación, las multas siguientes:
1. El extranjero y extranjera que incumpla la obligación de inscribirse en el Registro Nacional
de Extranjeros y Extranjeras y de hacer las participaciones respectivas en los términos contenidos
en el artículo 14 de esta Ley, será sancionado con una multa de diez unidades tributarias (10
U.T.).
2. Las personas naturales y jurídicas a las que se refieren los artículos 24, 25 y 26 de esta Ley,
que infrinjan las obligaciones allí previstas, serán sancionadas con cincuenta unidades tributarias
(50 U.T.).
3. Todo empleador que contrate extranjeros y extranjeras ilegales para la prestación de
determinado servicio, será sancionado con doscientas unidades tributarias (200 U.T.).
Liquidación de las multas
Artículo 37. Impuestas las multas respectivas, el infractor deberá proceder a su pago dentro de
los ocho (8) días siguientes a la notificación de la decisión. Vencido dicho lapso, en caso de su
inobservancia, se aplicará lo previsto en el Código Orgánico Tributario.
Capítulo II
De la Deportación y Expulsión
Deportación: Causas
Artículo 38. Estarán sujetos a la medida de deportación del territorio de la República, los
extranjeros y extranjeras que estén incursos en alguna de las siguientes causales:
1. Los que ingresen y permanezcan en el territorio de la República sin el visado
correspondiente.
2. Los que hayan ingresado al territorio de la República para desempeñar actividades
sometidas a la autorización laboral y no cumplan con dicho requisito.
3. Los que no cumplan con la obligación de renovar el visado dentro del lapso que establece
el Reglamento de esta Ley.
4. Los trabajadores extranjeros y las trabajadoras extranjeras cuando ejecuten trabajos
distintos a aquellos para los cuales fueron contratados y en una jurisdicción diferente a la
autorizada.
5. Haber sido multado por la autoridad competente en materia de extranjería y migración, dos
(2) o más veces y ser renuente a la cancelación de la misma.
Expulsión:Causas
Artículo 39. Sin perjuicio de las sanciones que las demás leyes establezcan, serán expulsados del
territorio de la República los extranjeros y extranjeras comprendidos en las causales siguientes:
1. Los que hayan obtenido o renovado el visado que autoriza su ingreso o permanencia en el
territorio de la República, con fraude a la ley.
2. Los que se dediquen a la producción, distribución o posesión de sustancias estupefacientes
y psicotrópicas o demás actividades conexas.
3. Los que encontrándose legalmente en el territorio de la República, propicien el ingreso
legal o ilegal de otro extranjero o extranjera con falsas promesas de contrato de trabajo, promesas
de visas o autorización de trabajo.
4. El que comprometa la seguridad y defensa de la Nación, altere el orden público o esté
incurso en delitos contra los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario o las
disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales, en los cuales sea parte la República.
Notificación a la autoridad competente
Artículo 40. Toda autoridad que tenga conocimiento de que un extranjero o extranjera se
encuentra incurso en alguna de las causales de deportación o expulsión previstas en esta Ley,
notificará sin dilaciones a la autoridad competente en materia de extranjería y migración, a los
fines del inicio del procedimiento administrativo correspondiente.
Inicio del procedimiento administrativo
Artículo 41. Para la imposición de las sanciones previstas en los artículos 38 y 39 de esta Ley, la
autoridad competente en materia de extranjería y migración procederá de oficio o por denuncia.
Cuando la autoridad competente en materia de extranjería y migración tenga conocimiento de que
un extranjero o extranjera se encuentre incurso o incursa en alguna de las causales previstas en
esta Ley para proceder a su deportación o expulsión, según sea el caso, ordenará el inicio del
correspondiente procedimiento administrativo mediante auto expreso, conforme con las
disposiciones consagradas en este Capítulo.
De la apertura del procedimiento administrativo de deportación o expulsión se notificará al
extranjero interesado o extranjera interesada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al
inicio de dicho procedimiento.
Será competente para conocer del procedimiento administrativo de deportación o expulsión, la
autoridad que, a tal efecto, designe mediante resolución el ministro con competencia en materia
de extranjería y migración.
Contenido de la notificación
Artículo 42. Toda notificación de inicio de procedimiento administrativo deberá indicar
expresamente los hechos que motivaron el inicio del procedimiento. Igualmente, deberá indicar el
derecho que tiene el extranjero interesado o la extranjera interesada para acceder al expediente
administrativo y de disponer del tiempo que considere necesario para examinar el respectivo
expediente, para lo cual podrá estar asistido de abogado de su confianza.
La notificación prevista en este artículo se practicará de conformidad con lo previsto en la ley que
regula los procedimientos administrativos.
Audiencia oral ante la autoridad competente
Artículo 43. En el auto de apertura del inicio del procedimiento administrativo a que se refiere el
artículo 42 de esta Ley, se le informará al extranjero o extranjera que deberá comparecer ante la
autoridad competente en materia de extranjería y migración, al tercer día hábil siguiente a su
notificación, a los fines de que se realice una audiencia oral en la cual el extranjero o la extranjera
pueda exponer los alegatos para ejercer su derecho a la defensa, para lo cual podrá disponer de
todos los medios de prueba que considere pertinentes.
La celebración de la audiencia oral podrá postergarse hasta por tres (3) días hábiles, siempre que
el extranjero interesado o la extranjera interesada lo hubiere solicitado mediante escrito
debidamente motivado a la autoridad competente.
El extranjero interesado o la extranjera interesada podrá estar asistido de abogado de su confianza
en la audiencia oral. Si no habla el idioma castellano o no puede comunicarse de manera verbal se
le proporcionará un intérprete.
Si el extranjero interesado o la extranjera interesada solicitare en dicha audiencia que se le
reconozca la condición de refugiado, se tramitará conforme al procedimiento establecido en la ley
orgánica que regula la materia.
De la decisión
Artículo 44. Luego de haberse realizado la audiencia oral a que se contrae el artículo 43 de esta
Ley, la autoridad competente en materia de extranjería y migración deberá decidir dentro de las
setenta y dos (72) horas siguientes a la celebración de dicha audiencia oral.
Toda decisión será escrita y se realizará mediante acto administrativo debidamente motivado, que
deberá contener los requisitos consagrados en las disposiciones de la ley que regula los
procedimientos administrativos.
La decisión de deportación o expulsión será notificada al extranjero interesado o extranjera
interesada dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a dicha decisión, la cual deberá
contener el texto íntegro del acto administrativo con indicación de los recursos que procedan y de
los lapsos para ejercerlos, así como de los órganos o tribunales ante los cuales deberán
interponerse.
En las decisiones que acuerden la deportación o expulsión de extranjeros y extranjeras se fijará el
término para el cumplimiento de tales decisiones, el cual comenzará a transcurrir una vez que se
hayan agotado todos los recursos administrativos y judiciales previstos en la ley y dicha medida
de deportación o expulsión hubiere quedado definitivamente firme.
Recurso jerárquico
Artículo 45. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la decisión a la cual se contrae el
artículo 44 de esta Ley, el extranjero interesado o la extranjera interesada podrá interponer
recurso jerárquico ante el ministro con competencia en materia de extranjería y migración.
La decisión de este recurso se realizará mediante acto motivado, dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes a su interposición.
Medidas cautelares
Artículo 46. A los fines de garantizar la ejecución de las medidas de deportación o expulsión, la
autoridad competente en materia de extranjería y migración, en el auto de inicio del respectivo
procedimiento administrativo, podrá imponer al extranjero o extranjera que se encuentre sujeto al
procedimiento a que se contrae este Capítulo, las medidas cautelares siguientes:
1. Presentación periódica ante la autoridad competente en materia de extranjería y migración.
2. Prohibición de salir de la localidad en la cual resida sin la correspondiente autorización.
3. Prestación de una caución monetaria adecuada, para lo cual deberá tomarse en cuenta la
condición económica del extranjero o extranjera.
4. Residenciarse mientras dure el procedimiento administrativo en una determinada localidad.
5. Cualquier otra que estime pertinente a los fines de garantizar el cumplimiento de la
decisión de la autoridad competente, siempre que dicha medida no implique una privación o
restricción del derecho a la libertad personal.
La imposición de estas medidas cautelares no podrá exceder de treinta (30) días, contados a partir
de la fecha en que se dictó la medida.
Derecho a trasladar bienes adquiridos
Artículo 47. A los extranjeros y extranjeras sometidos a las medidas de deportación o expulsión
que posean bienes adquiridos legítimamente, les será concedido el lapso de un (1) año, contado a
partir de que la medida haya quedado definitivamente firme, así como las facilidades necesarias
para el traslado y colocación de los mismos, lo cual podrán realizar por sí mismos o a través de
representante o apoderado, debidamente autorizado mediante documento autenticado.
Revocatoria de visa o documento de ingreso
Artículo 48. El ministerio con competencia en materia de extranjería y migración, mediante
resolución motivada, revocará la visa o documento de ingreso o permanencia en el territorio de la
República a los extranjeros y extranjeras incursos en las causales previstas en los artículos 38 y
39 de esta Ley.
Derecho a percibir beneficios laborales
Artículo 49. Los trabajadores extranjeros y las trabajadoras extranjeras sujetos a las medidas de
deportación o expulsión contempladas en este Capítulo, tendrán derecho a percibir los salarios,
prestaciones sociales y todos los beneficios establecidos en la ley que regula las relaciones de
trabajo, contrataciones colectivas y demás leyes sociales aplicables con ocasión de la relación
laboral.
Expulsión mediante acto motivado
Artículo 50. La expulsión de extranjeros y extranjeras se hará mediante acto motivado, dictado
por el ministerio con competencia en materia de extranjería y migración, en la cual se fijará el
término para el cumplimiento de la misma.
Ejecución forzosa de la medida de expulsión
Artículo 51. En caso de incumplimiento del término fijado en el acto previsto en el artículo 50 de
esta Ley para abandonar el territorio de la República, se procederá a la conducción hasta el
terminal de salida habilitado al efecto, donde la autoridad competente deba hacer efectiva la
expulsión.
TÍTULO VIII
DE LOS DELITOS Y LA RESPONSABILIDAD PENAL
Facilitación de ingreso ilegal
Artículo 52. Será castigada con pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, toda persona que
facilite o permita el ingreso ilegal de extranjeros y extranjeras al territorio de la República.
Explotación laboral de migrantes
Artículo 53. En la misma pena del artículo 52 de esta Ley, incurrirán quienes empleen a
extranjeros y extranjeras cuya estadía en el territorio de la República sea ilegal, con el objeto de
explotarlos como mano de obra en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los
derechos laborales que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o
contrato individual.
Con igual pena será castigado el que simulando contrato o colocación, o valiéndose de engaño
semejante, determine o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país.
Responsabilidad de las personas jurídicas
Artículo 54. Cuando los hechos previstos en los artículos 52 y 53 de esta Ley se atribuyeran a
personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio
que hayan sido responsables de los mismos y a quienes conociéndolos y pudiendo remediarlo, no
hubieren adoptado medidas para ello.
Inmigración ilícita
Artículo 55. El que promoviere o favoreciere por cualquier medio la inmigración ilícita de
extranjeros y extranjeras al territorio de la República, será castigado con pena de prisión de cuatro
(4) a ocho (8) años.
Tráfico ilegal de personas
Artículo 56. Serán penadas con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años las personas naturales y los
representantes de las personas jurídicas que, por acción u omisión, promuevan o medien el tráfico
ilegal de personas desde en tránsito o con destino al territorio de la República.
Agravante
Artículo 57. Los que realicen las conductas descritas en el artículo 56 de esta Ley, con ánimo de
lucro, o empleando violencia, intimidación, engaño o abusando de una situación de necesidad de
la víctima, de su género o de los grupos vulnerables, serán castigados con pena de prisión de ocho
(8) a diez (10) años.
Aumento de las penas
Artículo 58. Se impondrán las penas correspondientes en su mitad superior a las previstas en los
artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 57 de esta Ley, cuando en la comisión de los hechos se hubiese
puesto en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas o la víctima.
Responsabilidad penal de las autoridades
Artículo 59. El funcionario público, o autoridad policial o militar que por cualquier medio,
favorezca o induzca, por acción u omisión, el ingreso o salida del territorio de la República de
personas de manera clandestina o con fraude al procedimiento de control migratorio establecido
en nuestro ordenamiento jurídico, será penado con presidio de cuatro (4) a ocho (8) años y no
podrá volver a ejercer ningún cargo en la Administración Pública por un lapso de diez (10) años.
Integración Cultural de los Pueblos Indígenas
Artículo 60. A objeto de facilitar la integración cultural del pueblo indígena que comparten
territorios de dos (2) o más países, así como el derecho a la práctica de sus valores, usos y
costumbres, el país se compromete a instrumentar el establecimiento de Convenios que
coadyuven a la unidad cultural y al mantenimiento de sus formas de vida.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
ÚNICA. Quedan derogadas la Ley de Extranjeros, publicada en la Gaceta Oficial de los Estados
Unidos de Venezuela Nº 19.329 de fecha 3 de agosto de 1937, la Ley sobre Actividades de los
Extranjeros en el Territorio de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nº 20.835 de fecha 29 de junio de 1942, la Ley de Inmigración y Colonización,
publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 1.032 Extraordinario de fecha 18
de julio de 1966 y todas las demás disposiciones que contravengan lo dispuesto en esta Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. El Ejecutivo Nacional, de conformidad con el Reglamento de esta Ley, adoptará las
provisiones tendientes a facilitar la regularización de la situación migratoria de los extranjeros y
extranjeras que hayan ingresado al territorio de la República, antes de la entrada en vigencia de
esta Ley.
SEGUNDA. El Ejecutivo Nacional deberá tomar las medidas necesarias para reestructurar la
dirección encargada de la identificación de extranjeros, dentro del primer año contado a partir de
la entrada en vigencia de esta Ley, a fin de adecuar esas unidades administrativas a la nueva
normativa establecida en esta Ley.
TERCERA. El Ejecutivo Nacional deberá automatizar todos los Sistemas de Registro de
Movimientos Migratorios en un lapso no mayor de un (1) año contado a partir de la publicación
de la presente Ley.
DISPOSICIÓN FINAL
Lapso para reglamentar la Ley
primera. El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, reglamentará la presente Ley,
dentro de los sesenta (60) días siguientes a su publicación.
Entrada en vigencia
SEGUNDA. La presente Ley entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días siguientes a su
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en
Caracas a los veintisiete días de abril de dos mil cuatro. Año 194º de la Independencia y 144º de
la Federación.
FRANCISCO AMELIACH
Presidente
RICARDO GUTIÉRREZ
Primer Vicepresidente
NOELI POCATERRA
Segunda Vicepresidenta
EUSTOQUIO CONTRERAS
Secretario
IVAN ZERPA
Subsecretario